No hace todavía un año -se cumplirá el próximo mes de diciembre-
que se aprobó una declaración de obligación de servicio público
para las rutas aéreas interinsulares y las tarifas han vuelto a
subir. Ante una circunstancia como esta, la verdadera obligación de
las administraciones públicas es ponerse de acuerdo y que prime el
interés general de la ciudadanía. Ante un problema viejo hay que
buscar soluciones nuevas, admitir errores y concretar una nueva
propuesta.
No estuvo demasiado acertado el Ministerio de Fomento al
recurrir a un anuncio para pedir al Govern que denunciara el
acuerdo si no estaba conforme. Y no estuvo acertado, sobre todo en
las formas. Más parecía un comunicado del PSOE que un comunicado
del Gobierno de todos.
Es comprensible el malestar del Govern pese a que, legalmente,
el Ministerio de Fomento se limitó a cumplir a rajatabla los
términos de la declaración de obligación de servicio público que,
aunque parezca mentira, no contemplaba ningún contacto con el
Govern en caso de subida de tarifas. Ese fue un fallo de los
negociadores.
Reconocidos los errores de las dos partes, lo que ahora se
impone es buscar soluciones. El PSOE, a través de Francesc Antich
-que, no se olvide, parece tener cierta influencia ante la
dirección de su partido- recupera ahora el programa electoral de
Zapatero y avanza que se abrirá una ronda de negociaciones para que
el Gobierno central financie la obligación de servicio público.
Partiendo de la base de que el legítimo interlocutor del
Gobierno central es el Govern de Balears, esta propuesta no debería
ser rechazada sin más. En este asunto, las dos administraciones, la
estatal y la autonómica, deben ir de la mano. Es su obligación.
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