Viviendas en alquiler

Desde hace ya décadas los sucesivos gobiernos de este país han establecido su política de vivienda sobre una idea básica: fomentar la adquisición de casas o pisos en propiedad. Una política que a la larga estaba condenada a originar un formidable aumento de los precios, al crecer la demanda, e indirectamente a hundir el ya de por sí poco consistente mercado español del alquiler, que es hoy uno de los más bajos de Europa. A mayor abundamiento, los dos últimos gobiernos Aznar introdujeron factores que agravaron el problema. Al liberalizar el precio del suelo, coincidiendo con la bajada de los tipos de interés, el Ejecutivo del PP logró en efecto que los ciudadanos que querían comprarse una vivienda pagaran menos dinero cada mes. Una medida que se reveló finalmente como ineficaz -pese a que el Gobierno de turno no hizo nada para corregirla- ya que la respuesta de constructores y especuladores consistió en subir de forma escandalosa los precios, que llegaron a alcanzar niveles astronómicos. Conscientes de que la solución de poner a la venta más suelo en el mercado no contribuye en absoluto a mejorar las cosas, los nuevos gobernantes han ideado un plan cuyo principal objetivo consiste en estimular el alquiler, acompañándolo de medidas de protección, para conseguir así frenar la especulación del suelo. Ayudas de hasta 240 euros al mes durante dos años a los menores de 35 años que contraten viviendas en alquiler, y subvenciones de hasta 6.000 euros a los propietarios de casas necesitadas de rehabilitación para su posterior arrendamiento, conforman las principales medidas del nuevo plan. Se trata, en líneas generales, de una propuesta inicialmente razonable aunque, eso sí, necesitada de un severo control en las ayudas. No sea cosa que al amparo de las nuevas disposiciones veamos asomar el morro a la ibérica picaresca.