El conflicto palestino-israelí es uno de los principales motivos
de la crisis a la que se enfrenta el Gobierno de Ariel Sharón,
crisis que le ha abocado a negociar con los laboristas de Simón
Peres la posible formación de un Ejecutivo de concentración. Esto
sucede a los pocos días de la polémica suscitada por la decisión de
la Corte Internacional de Justicia de La Haya de declarar ilegal el
muro que los judíos construyen en la franja de Gaza y que, según
declaraba el propio Sharón, seguirán construyendo.
En este punto es preciso reflexionar sobre los múltiples
problemas a los que se enfrentan los tribunales de Justicia con una
jurisdicción supranacional. Sus decisiones no sólo pueden ser
cuestionadas, sino que incluso son ignoradas en función de los
intereses particulares del Gobierno o del país afectado. El caso de
este nuevo «muro de la vergüenza» es un claro ejemplo de ello. Y no
es que los israelíes no tengan todo el derecho del mundo a
protegerse contra un terrorismo que comete auténticas atrocidades
de forma constante utilizando el problema palestino como pretexto
para sus macabras acciones. Pero establecer un muro no es la mejor
de las soluciones y, mucho menos, si éste se levanta en parte en
los territorios ocupados.
La única solución viable para el problema de la violencia en
Oriente Próximo es la vía del diálogo, como ha quedado patente en
varias ocasiones. La radicalización de las posturas de uno y otro
lado ha conducido precisamente a este camino sin salida en el que
ahora nos encontramos. Está claro, además, que para poder alcanzar
este objetivo es preciso contar con el apoyo de la comunidad
internacional y, muy en especial, con Estados Unidos y la Unión
Europea, que ya han jugado papeles determinantes en otras
ocasiones.
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