Las movilizaciones sociales se han convertido en las últimas semanas en algo cotidiano y se están trasladando incluso a aspectos que hace poco probablemente no hubieran suscitado revueltas de tanta intensidad. El hecho de que grandes proyectos de infraestructuras copen la actualidad de las Pitiüses demuestra, como mínimo, que en las islas quedan muchas cosas por hacer y que por eso precisamente es por lo que surgen las diferencias irreconciliables y de primer orden a la hora de establecer los proyectos de ejecución. Desgraciadamente, estas diferencias hacen cada vez más difícil la convivencia y el desarrollo; y no es una exageración. En carreteras, por ejemplo, las posturas de los principales partidos políticos -Partido Popular y PSOE- están tan distanciadas que, hoy por hoy, el tema está mucho más parado de lo que las autoridades insulares y autonómicas quieren reconocer. Es sólo un ejemplo de lo que está pasando: no hay duda de que los proyectos elaborados para la modernización de las carreteras -concretamente las de Sant Antoni, aeropuerto y segundo cinturón de ronda de Eivissa- han generado crispación social -pacífica, pero crispación al fin y al cabo- como pocas veces se ha vivido en la isla, hasta el punto de que hoy en día no es posible aventurar todavía cuál será el resultado de toda la controversia, que ahora se ve alimentada, además, por la postura del Gobierno a instancia de los socialistas de Balears. Ahora, además, la propuesta de la Autoritat Portuària para que el transporte marítimo no pueda continuar llevando a cabo sus operaciones por más tiempo en el corazón de la ciudad causa un nuevo revuelo. La situación no es fácil y el riesgo de colapso social está cada vez más cerca.