Al parecer, los socialistas tienen la intención de promover el
diálogo con los responsables de las comunidades islámicas de
nuestro país como vía principal que conduzca a la prevención del
terrorismo. Hora sería de que así fuera. El diálogo resulta siempre
eficaz si de evitar radicalismos se trata, y no olvidemos que esas
posturas radicales constituyen el caldo de cultivo del fanatismo
terrorista.
Durante los últimos 15 años, acompañando a una inmigración
procedente en su mayoría de los países norteafricanos, han venido
instalándose entre nosotros comunidades islámicas que no pueden
dejar de ser tenidas en cuenta como en líneas generales lo han sido
hasta ahora. Sus costumbres, tradiciones y prácticas religiosas,
singularmente éstas últimas, deben contar con la atención de los
gobernantes españoles y no sólo como muestra de un principio de
tolerancia sino como un medio de yugular el desarrollo de actitudes
fanatizadas fuera de todo control.
Se trataría de aislar a los clérigos radicales y a quienes
estarían dispuestos a seguirlos más allá de toda lógica. Y nadie
vea en ello una toma de posición que no responda de forma exquisita
a cualquier exigencia democrática. Lo más democrático es la
consecución de la libertad, y la libertad, no lo olvidemos, o es de
todos o no es de nadie. Si en el seno de las comunidades islámicas
existentes en España se desarrollan y esparcen principios que hacen
de la intolerancia y la violencia su peligrosa enseña, es necesario
afrontar la cuestión con la mayor energía posible. A su vez, el
Gobierno está obligado a ayudar y auspiciar la normal dinámica de
nuestras comunidades islámicas y la razonable convivencia de
aquéllos que desean vivir y prosperar en paz.
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