Las polémicas filtraciones a la prensa de algunos episodios
narrados en el sumario judicial que investiga los atentados del 11
de marzo en Madrid han propiciado un terremoto político. Porque en
un asunto de este calado hay algo más que investigación policial.
Hay política, y mucha. Porque al fatítico 11-M le siguieron
aquellos tres días de confusa información oficial y, finalmente, un
14-M de resultados sorprendentes.
Pues ahora parece que durante aquellas largas horas se trenzaron
distintas tramas, unas delictivas, otras policiales y otras más
políticas. Hoy la Justicia se ha hecho cargo de la investigación
policial, y ahora el PP exige que también haya en el Congreso de
los Diputados una comisión sobre aquellos hechos.
¿Qué motivos puede tener el Partido Popular para pedir ahora
esta comisión? Por un lado la lógica necesidad -todos la tenemos-
de saber con certeza qué pasó y por qué. Y por otro, porque
sospechan que el PSOE aprovechó la conmoción nacional que sufría el
país aquellos días de marzo para conspirar políticamente contra el
PP.
Sea como fuere, lo deseable es que se formalice cuanto antes esa
comisión, que investigue sin trabas -hasta ahora las que se
formaron sobre el «caso lino» y «Gescartera» no dieron resultados
nada positivos-, que se llame a declarar a todo aquel que tenga
algo que decir y que, sin prisas y sin presiones, se alcance algo
de luz.
Pero para nosotros, los ciudadanos, lo primordial no es saber
qué implicaciones políticas tuvo aquel suceso. Lo importante es
detectar los fallos en el sistema de seguridad nacional para
ponerles freno. De lo contrario la oportunidad de saber qué pasó y
por qué puede perderse en un rifirrafe estéril.
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