24/04/04 0:00
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El nuevo Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero tiene intención de revisar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el anterior Gobierno, aduciendo que a él se llegó sin el suficiente diálogo. No les falta razón a los socialistas en este aspecto. Pero es que hay más, ya que a la apuntada falta de diálogo cabría añadir una serie de razones legales y técnicas. Amén de las objeciones al plan aprobado por el Gobierno Aznar procedentes de los expertos de la Unión Europea, y que nunca se tuvieron en demasiada consideración, hay que tener en cuenta ese informe elaborado desde la oficina del Defensor del Pueblo que acusa al Ejecutivo saliente de haber pasado por alto la obligación derivada de una normativa comunitaria de establecer una «evaluación ambiental adecuada» previa a su adopción.

En pocas palabras, en el ordenamiento jurídico queda claro que se han de evaluar las repercusiones que tiene la planificación hidrológica sobre el medio ambiente en general. El plan, pues, como tal, está ahora en suspenso. Ahora habrá que ver cómo se las arregla Zapatero y su equipo para conciliar las posturas opuestas de unos y otros. En realidad habría que establecer si es cierto que al Ebro le sobra agua -como creen valencianos y murcianos, que se beneficiarían del polémico trasvase- o si, como alegan aragoneses y catalanes, el trasvase supondría la lenta muerte del río. Además, habrá que valorar la necesidad de trasvasar el agua para determinados usos, como el mantenimiento de un modelo turístico intensivo imposible de sostener a largo plazo, o una agricultura de regadío en zonas con escasísima pluviosidad. De la habilidad del Gobierno socialista por conciliar todas las posturas depende en buena medida el futuro de la empresa. No será fácil.