La comunidad musulmana de Eivissa vive estos días preocupada tras sufrir algunos de sus miembros sucesos violentos inconexos en el transcurso de los cuales se mencionaba expresamente a la condición religiosa y referente a la nacionalidad de las víctimas. Al menos dos personas han recibido sendas palizas, que han sido correspondientemente denunciadas para que la policía las resuelva; afortunadamente no se han consumado como tragedias, pero sirven de base para un análisis sobre el clima actual en que viven el colectivo y la sociedad en que se ha instalado, un clima que no es precisamente tranquilizador y que puede -pero jamás debe- alterar la convivencia pacífica que todos habíamos demostrado poder conseguir sin mayores dificultades. En principio, es importante resaltar el carácter inconexo de estos sucesos. No existe ningún grupo organizado que prepare y lance ataques contra esta comunidad espoleado por los recientes acontecimientos terroristas. Estaríamos, en ese caso, ante una situación insostenible, que hoy por hoy podemos asegurar que tenemos lejos. Es este carácter inconexo, precisamente, el que da una idea de cómo tienen que afrontarse esta concatenación de sucesos. Son y deben ser tratados como problemas judiciales, lo que determinará el alcance de cada uno de ellos y resolverá sobre las responsabilidades que existan. La confianza ha de ser total: no existe cambio alguno en el sistema legal que permita presuponer a las víctimas que los atentados no serán juzgados conforme a la más escrupulosa preservación de derechos constitucionales, al margen de cuál sea la situación social o religiosa de los que figuran en el conflicto judicial. De la cordura a la desmesura sólo hay un paso y es responsabilidad de todos que éste no se produzca. El estado de derecho prevalecerá, sin duda. Son demasiadas las cosas en juego y es responsabilidad de todos que la razón se imponga sobre todas las otras cosas.