Otro concejal pitiuso ante la justicia

El concejal del Partido Popular en la ciudad de Eivissa José Luis de la Osa ha provocado una enorme conmoción social al haberse apropiado, presuntamente, de fondos pertenecientes a la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Puerto de Eivissa. El impacto no sólo se ha dado en el municipio de Eivissa, sino en toda la isla porque, además de político, De la Osa es el presidente de uno de los clubs de baloncesto más importantes de las Pitiüses, el de Sa Graduada, que tiene una gran cantera y cuyos chavales estarán estupefactos. Es el segundo concejal en pocos meses acusado de robo. En diciembre, Martín Quintero, del PSOE y edil del grupo progresista de Santa Eulària, también fue detenido al haberse llevado y hecho efectivos cheques de la Federación Socialista Pitiusa. El daño que este tipo de casos está haciendo a la clase política y a la democracia es inmenso. Hoy por hoy no es ya de recibo que haya personas que se integren en los distintos partidos mientras cometen irregularidades por las que, al final, han de responder ante la justicia, y las formaciones tienen una especial responsabilidad en evitar que así sea. ¿Qué hubiera pasado si también De la Osa hubiera gestionado dinero público? Es una pregunta que no puede dejar de provocar intranquilidad en quien se la plantee. Desgraciadamente, en nuestros país son ya demasiados los ejemplos de personas que cometieron delitos mientras representaban a sus conciudadanos, es decir, cuando actuaban, en teoría, al servicio de aquellos que les dieron su confianza a la hora de votarles y por eso el ciudadano no puede sentir más que decepción y repulsa. Este asunto perjudica gravemente a la imagen de su partido, que afortunadamente no ha caído en la trampa de justificar lo injustificable, y le pone a él mismo en una situación comprometida porque ahora habrá que mirar con lupa todo en lo que ha tenido responsabilidad.