Según el último informe de Demoscopia encargado por la Unión de
Jubilados y Pensionistas de la UGT, los jubilados españoles han
perdido un 28 por ciento de poder de compra en cuatro años y nada
menos que un 7,4% a lo largo de 2003. Y conste que hablamos de
poder adquisitivo real a pesar que la actualización de las
pensiones se lleva a cabo anualmente de forma automática según la
inflación.
El hecho es que a los casi ocho millones de jubilados de este
país les sale hoy mucho más caro el comer, vestirse o medicarse,
independientemente de las compensaciones que el Gobierno ha
establecido en el cálculo del IPC con las rebajas correspondientes
en materia de transporte, telefonía y ocio.
La astucia de las reformas fiscales, y los teóricos beneficios
que supuestamente conllevarían, han dejado de lado a cuatro
millones de pensionistas que, efectivamente, no tienen que hacer
declaración de la renta pero que sin embargo sufren el aumento de
los impuestos indirectos.
De manera paulatina se ha ido reduciendo el poder adquisitivo de
los jubilados. Ya no basta subir las pensiones conforme a la
inflación, como se hace en cumplimiento de una ley de 1995.
Iniciada la campaña electoral cabe esperar de los partidos
propuestas imaginativas y decididas para sacar a amplios sectores
de pensionistas de unos umbrales de supervivencia. Pero sin falsas
promesas movidas por simple electoralismo y en busca del voto de
los mayores. Quizá sea el momento de un nuevo pacto por las
pensiones entre todos los partidos, que no sólo garantice la
estabilidad financiera de la Seguridad Social sino también que
profundice en el incremento de las pensiones de las personas más
desfavorecidas.
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