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La que puede considerarse como la obra civil más importante de la legislatura, el desdoblamiento de la carretera que une Eivissa y Sant Antoni, ha levantado el recelo entre los afectados por la ampliación y los vecinos de Sant Rafel, que no ven claro que lo avanzado hasta ahora sea ni necesario ni conveniente. El pasado lunes se reunieron en esta localidad más de medio millar de personas para reclamar información y avanzar que rechazarán «una autopista». Es una situación delicada para el Consell, que, de momento, no ha acertado a exponerles de manera clara y convincente la configuración que tendrá esta importantísima vía para la isla, por más que, en el fondo, todo el mundo esté de acuerdo en que su peligrosidad merezca que se hagan las reformas que sean necesarias. La situación se complicó cuando, en lugar de ofrecer un encuentro a varias bandas para explicar en qué punto se está y en qué se está pensando para la reforma, el Consell, a través de su consellera Stella Matutes, buscó intenciones políticas en la movilización y descalificó algunas de las argumentaciones expresadas tras la reunión, algo que fue contestado con un mucho más ponderado comunicado de la plataforma, que se manifestó molesta por la lectura que desde la institución insular se había hecho del movimiento vecinal. Esta situación no puede continuar así; por eso es necesario que se abran vías de diálogo, de manera que sea posible llevar a cabo un proyecto que, si no satisface a las dos partes, disturbe lo menos posible a los afectados y vecinos. El Consell debe recordar que los vecinos tienen derecho a manifestar sus preferencias y expresar, si los tienen, los temores, pero, al mismo tiempo, éstos no pueden olvidar que la institución insular tiene una enorme responsabilidad: la de garantizar la seguridad y comodidad de todos aquellos que viven o visitan la isla. El encuentro tiene que ser posible.