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Francia y Alemania han hecho valer la «ley del más fuerte» para librarse de las sanciones que les hubieran correspondido por no «hacer los deberes» que marca el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, saltándose a la torera ese máximo del tres por ciento de déficit público que otros países sí se han esforzado en cumplir. Como es lógico, la actitud de las dos «locomotoras» ha sido ampliamente criticada por las naciones que, como España, han aplicado a rajatabla las condiciones, especialmente porque, además, se garantizan total impunidad para los años venideros.

Pero esta situación no sólo es complicada por la reacción de los países afectados, sino también porque podría tener consecuencias graves en la evolución económica europea, al debilitar el euro -el Pacto de Estabilidad se firmó en 1995 precisamente para garantizar una moneda única estable- y, a la postre, al provocar una subida del precio del dinero e incluso del desempleo, pues se supone que unas cuentas públicas saneadas favorecen el desarrollo de la iniciativa empresarial y, por tanto, de la creación de empleo.

Así las cosas, resulta lógica la preocupación generalizada entre los países cumplidores del pacto. Pero también resulta comprensible la actitud de Francia y Alemania, inmersas en una crisis económica que era impredecible en 1995 y que les ha obligado a sostener con fondos públicos, desbordando el déficit, las prestaciones sociales tradicionales en estos países. Y ésa es justamente una de las críticas de los sindicatos y de entidades de izquierdas a la estricta política económica llevada a cabo por el Gobierno Aznar: contener el gasto público a base de mantener ajustadas algunas prestaciones sociales que quizá deberían crecer en mayor proporción.