Con buen criterio, el Govern balear se opone a la pretensión de la compañía Air Nostrum de solicitar al Gobierno central que se aumente el precio de los vuelos interislas fijado en el anteproyecto de declaración de servicio público. El Ejecutivo que preside Matas intenta que no se eleven las tarifas previstas: 72 euros por trayecto para no residentes y 48 euros para residentes, además des descuentos de un 10 por ciento para menores de 22 años, mayores de 65 años y equipos deportivos. Hasta aquí, muy bien, ya que significa una mejora sustancial sobre las tarifas actuales. Sin embargo, hay que pedir más y rechazar lo que estipula el propio anteproyecto en uno de sus puntos: la posibilidad de que las compañías aéreas puedan aplicar aumentos de hasta un 25 por ciento en una cuarta parte de la oferta anual de asientos y en la mitad de las plazas de un avión. Estamos ante un gravísimo escollo que el Govern no puede aceptar. Para conseguir la máxima transparencia hay que lograr una tarifa máxima que en ningún momento pueda incrementarse bajo ningún concepto. Sería muy lamentable que el usuario, a la hora de adquirir un billete, se llevara la desagradable sorpresa de que casualmente se hayan agotado las plazas a precios normales y no tenga más remedio que pagar un precio más caro. Para conseguir el objetivo que se pretende con la declaración de servicio público no hay otra solución que poner un precio único, sobre el que las compañías puedan aplicar, si lo desean por políticas comerciales, los descuentos que consideren pertinentes, además de las reducciones previstas por el anteproyecto, pero nunca aumentos en función de determinadas plazas o épocas del año. Transigir en esta cuestión signfica poner en peligro toda la filosofía de la declaración de servicio público. Lo que debe ser un gran logro para la sociedad balear y motivo de satisfacción de todos, no debe verse perjudicado por una cláusula claramente nociva para el interés general.