El último Consejo de Ministros ha abierto la puerta para que los
embriones creados para la fertilización in vitro y que eran
desechados y congelados por espacio de cinco años hasta su
destrucción definitiva puedan ser utilizados para la investigación,
lo que supone una importante vía para hacer frente a enfermedades
hasta ahora intratables como el alzheimer, por poner sólo un
ejemplo. Pero, como ya ha sucedido a nivel internacional, esta
decisión ha vuelto a generar un debate ético que, en esta ocasión,
enfrenta al Gobierno y a la mayoría de las fuerzas políticas del
país con la Conferencia Episcopal española.
La Iglesia considera al embrión humano como un ser independiente
sobre el que sólo Dios tiene derecho a decidir. Y aunque esta
posición de la jerarquía eclesiástica sea respetable, también debe
considerarse el hecho de que el destino de los embriones con los
que va a ser posible ahora la investigación, hasta el presente era
su destrucción. Y tampoco puede olvidarse que, gracias a ello,
muchas personas podrán en el futuro recuperar su salud y multitud
de vidas podrán ser salvadas, y eso es algo que la misma Iglesia
debe plantearse. No hacerlo supondría anclarse una vez más en el
pasado y desligarse del avance de la ciencia.
Además, la normativa aprobada por el Ejecutivo es bastante
restrictiva, lo que es lógico si tenemos en cuenta que la
investigación genética que permiten los embriones podría conducir a
auténticas aberraciones que pretenden evitarse.
La decisión del Gobierno supone el establecimiento de un
necesario marco jurídico. Ahora bien, en estos momentos de lo que
se trata es de vigilar su aplicación y de aportar cuanto sea
necesario para que España no pierda el tren de los avances en
materia de investigación genética.
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