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El 13 de noviembre del pasado año se produjo la catástrofe dePrestige y desde entonces, Gobierno, oposición y organizaciones ecologistas vienen manteniendo muy distintas teorías acerca de la situación y de lo que se ha hecho para evitar desastres parecidos, por más que subsisten hechos objetivos ajenos a cualquier discusión, como es entre otros que el petrolero hundido sigue vertiendo unas dos toneladas de fuel al día. Algo que no contribuye precisamente a tomar muy en serio ya desde el principio los mensajes optimistas emitidos desde el Ejecutivo de Madrid. Ni las «aproximaciones» al asunto de Mariano Rajoy -ha llegado a decir que sólo quedan restos de combustible en las rocas de «algunas» playas, entre ellas «tres o cuatro» de la Costa de la Muerte-, ni las vagas aseveraciones del comisionado del Gobierno, Martín Villa, son susceptibles de convencer a nadie.

Mientras, parece claro que la opinión de la mayoría de expertos en el sentido de que las medidas adoptadas desde que se produjo el accidente no bastarían para evitar un desastre similar, es digna de ser tenida en cuenta. Nos encontramos, para empezar, con que los medios con los que cuenta el Gobierno para afrontar un caso parecido al dePrestige son prácticamente los mismos con los que contaba en noviembre. España continúa sin disponer de ningún buque anticontaminación.

La plantilla de trabajadores de la empresa pública de Salvamento Marítimo que se prometió ampliar en 40 personas, no se ha visto ampliada, habiéndose registrado hasta ahora únicamente la convocatoria de seis plazas, aún no cubiertas. Por otra parte, el Gobierno no ha aprobado ningún plan de emergencia que contenga las tristes enseñanzas derivadas del caso, a la vez que casi todos los funcionarios y políticos que probaron su ineficacia durante la crisis originada por el hundimiento del petrolero siguen en sus puestos. A la vista de todo ello, el ciudadano tiene perfecto derecho a formarse una opinión al margen de los mensajes optimistas que le lleguen desde la esfera oficial.