Muchos norteamericanos lo están diciendo estos días en un tono
contundente: «Trabajamos duro y pagamos nuestros impuestos, así que
si hay dinero para guerras, también debería haberlo para atender a
los ancianos». El reproche no puede estar más justificado,
reconocido el desastre que el mandato de Bush está suponiendo en el
aspecto económico. En estos dos años y meses que el país lleva bajo
la gestión de su actual presidente, en Estados Unidos se han
perdido 2'6 millones de empleos, elevándose la cifra total de
parados hasta los 8'8 millones.
Algo que tiene prácticamente colapsado el mercado laboral y pone
a la gran nación al borde de una recesión económica sin
precedentes, ya que de hecho se vive una crisis financiera que no
se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. El superávit
presupuestario heredado de la época de Clinton se ha convertido en
un déficit próximo a los 312.500 millones de euros, lo que unido a
otros factores económicos está empujando la cotización del dólar a
una preocupante baja.
La situación es tal que las arcas vacías de muchos estados están
llevando a sus responsables a tomar decisiones francamente
insólitas; ya no se trata tan sólo del anunciado recorte de
determinados programas sociales, sino de medidas tan excepcionales
como la adoptada en Kentucky, en donde se está liberando a los
presos de las penitenciarías antes de tiempo a fin de hacer más
llevaderas las cargas de las arcas estatales.
Mientras, se despiden funcionarios municipales, se acortan los
cursos escolares y se eliminan todo tipo de servicios públicos, al
tiempo que el belicoso presidente Bush sigue proponiendo un
programa de estabilización -cuando la desestabilización es ya
demasiado pronunciada- basado en el recorte de impuestos. Los
expertos andan desorientados y la inmensa mayoría de la nación,
también.
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