Algunas decisiones judiciales tienen la capacidad de convencer a
la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos en este
país y que, aquí, los ladrones de guante blanco gozan de unos
privilegios que al resto de los mortales se les escapan.
Acaba de suceder con la sentencia condenatoria del Tribunal
Supremo contra los «Albertos», los ex banqueros Alberto Cortina y
Alberto Alcocer, declarados culpables de delitos de estafa y
falsedad en el conocido como «caso Urbanor», por los que tendrían
que cumplir tres años y cuatro meses de cárcel. Una condena que a
cualquiera cuyo nombre sea perfectamente anónimo y su vida
completamente ajena a los ambientes que salen en las revistas del
corazón le supondría el ingreso inmediato en prisión para saldar
sus deudas con la sociedad.
Pero en este caso, como en tantos otros de cierta notoriedad que
se han registrado en los últimos años, los condenados han
solicitado un indulto al Gobierno y, sorprendentemente, la
Audiencia Provincial de Madrid ha decidido suspender la entrada en
prisión hasta que se resuelva la petición, al tiempo que la
Fiscalía y los abogados de la acusación particular han desistido de
la idea de recurrir semejante iniciativa.
Así las cosas, los dos ex banqueros disfrutarán de total
libertad mientras se decide su futuro, cuando otros condenados por
delitos menos graves se ven abocados sin remisión a la cárcel. Nos
queda el consuelo de que, al menos, la mayor parte de las
indemnizaciones a las que fueron condenados los «Albertos» ya han
sido abonadas a los socios minoritarios que fueron estafados, unos
25 millones de euros, aunque todavía les queda por pagar los
intereses generados. Y falta por ver qué postura adopta el
Gobierno.
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