La declaración de servicio público para los vuelos entre las
Islas es inminente. Tanto que, probablemente, será un hecho antes
de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ante este
significativo paso adelante, los partidos políticos intentan ahora
«ponerse la medalla», cuando al ciudadano, en realidad, le importa
bien poco de quién es el mérito, siempre que el objetivo se
cumpla.
Y parece que así va a ser, aunque sea por fases. Primero se
conseguirá que los vuelos entre las Islas gocen de unas frecuencias
fijas -establecidas por la Administración- y, no menos importante,
de unos precios máximos que las compañías deberán respetar. Si como
sucede en Canarias, las compañías aéreas están dispuestas a cumplir
esas condiciones, no será necesario convocar concurso alguno.
Bastará, simplemente, la declaración.
Es sin duda una excelente noticia, especialmente para los
ciudadanos de Menorca y las Pitiüses, que a menudo se veían
discriminados a la hora de trasladarse a Palma, y también para los
mallorquines, que encontraban ciertas dificultades para hacer lo
propio hacia las otras islas.
Sin embargo, el grueso está todavía por decidirse. Se trata de
la declaración de servicio público de los vuelos entre las Islas y
la Península, que se deja para más adelante, seguramente por su
complejidad. Porque a nadie se le escapa que Palma -y no digamos
Eivissa o Maó- están francamente mal -o nada- comunicadas con
algunas capitales importantes, mientras que con las más habituales,
Madrid y Barcelona, en ocasiones las tarifas son escandalosas. De
ahí que el Govern se felicite por el camino andado, pero haga un
llamamiento a seguir avanzando, especialmente por la senda del
aumento de los descuentos para los residentes, que deberían
establecerse en un 50 por ciento, frente al insuficiente 33 por
ciento actual, en vista de que los precios han subido de forma
imparable en los últimos años.
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