El proceso de ilegalización de Batasuna sigue su curso, después
de que el Tribunal Supremo comenzara las deliberaciones de la
sentencia que deberá dictar a primeros de abril, según establece la
Ley de Partidos. Una situación que desde las filas del nacionalismo
se ve como irregular y hasta ilegal y que pretende combatirse por
todos los medios jurídicos existentes.
Alegan en el PNV -las protestas de la propia Batasuna no merece
la pena comentarlas- que la Ley de Partidos destroza las reglas del
juego democrático, dejando fuera de las urnas a una opción
ideológica a la que están adscritos muchos ciudadanos que, de esta
forma, quedarán sin representación municipal y autonómica de cara a
las elecciones de mayo.
En esta argumentación tienen razón, pero no se puede olvidar que
un partido vinculado al terrorismo, e incapaz de condenar los
atentados, también rompe esas reglas. ¿Y qué decir de todos esos
ciudadanos vascos que desean votar al PP o al PSOE y se ven
imposibilitados porque sus candidatos se juegan la vida y desisten
de presentarse a las listas?
Así que a la postre lo único claro de todo este asunto es que la
situación política en el País Vasco no es normal, ni madura
democráticamente, ni sana socialmente. Y esta Ley de Partidos y el
Pacto Antiterrorista que firmaron en su día los grandes partidos
nacionales pretenden empezar a normalizar esa realidad.
Que lo consiga no será tarea de un día, desde luego, y quizá
sean necesarios varios cambios generacionales para que empecemos a
ver los resultados. Pero por el momento la odiosa kale borroka
prácticamente ha desaparecido y parece que el terrorismo etarra
está también en horas bajas. Por ahí se empieza, aunque, por
desgracia, en cualquier momento un atentado puede traer de nuevo el
dolor y la muerte.
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