El cierre del diario «Egunkaria», ordenado desde la Audiencia
Nacional por el juez Juan del Olmo, ha provocado un alud de dudas
que deberían quedar resueltas con celeridad. Porque en un Estado
democrático la clausura de un medio de comunicación es siempre una
medida grave de carácter excepcional y, si recordamos lo que
ocurrió con «Egin» hace cinco años, no parece que la Justicia tenga
demasiada prisa por aclarar las cosas cuando un lustro después no
hay todavía sentencia firme.
Las circunstancias ahora son quizá más delicadas, pues
«Egunkaria» es el único periódico del mundo editado íntegramente en
euskera, por lo que su cierre significa un duro golpe a la defensa
de la lengua y la cultura vascas.
Así las cosas, hay que exigir al poder judicial que acelere los
trámites para verificar si, en efecto, las sospechas sobre una
presunta participación de ETA en la financiación del diario -o
viceversa- tienen algún fundamento porque, de lo contrario, el daño
infligido a la libertad de expresión y a la pluralidad informativa
en el País Vasco sería irreparable.
Y habría que reclamar además explicaciones creíbles sobre el
hecho de que la nota de prensa hecha pública para informar de este
asunto viniera firmada por el juez Del Olmo y el Ministerio del
Interior, algo insólito en una democracia que respeta la separación
de poderes.
No podemos justificar la comisión de un delito amparándose en la
cultura, en la lengua o en la libertad de expresión, pero tampoco
tendría justificación una medida tan drástica en el caso de no
haber pruebas contundentes que deberían ponerse de inmediato en
conocimiento de la ciudadanía para descartar cualquier tentación de
manipular un asunto que algunos consideran ya una «persecución a
todo lo vasco».
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