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El Gobierno empieza a abonar la paga mensual de cien euros prometida a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Como ya dijimos al anunciarse la medida, a buen seguro que las mujeres afectadas recibirán con alegría esta pequeña ayuda, aunque, sin duda, no resolverá ninguno de los problemas a los que se enfrentan quienes deciden tener hijos y continuar con su vida laboral y doméstica.

Y a la postre, esos cien euros irán a parar a las guarderías -que cuestan el doble, aproximadamente- o a las personas que cuidan niños a domicilio, que también tienen un coste muy superior.

Por eso la decisión de ayudar a estas madres debe acogerse con espíritu positivo, porque cualquier avance, por pequeño que sea, que beneficie la maternidad en estos tiempos que corren debe ser bienvenido. Pero sin caer en la tentación de creer que se ha resuelto el problemático asunto del crecimiento demográfico en España.

Porque en nuestro país las dificultades para conciliar vida familiar y laboral siguen siendo enormes. Y lo son mucho más cuando se decide tener el segundo o el tercer hijo, porque las infraestructuras públicas son casi inexistentes y las privadas resultan caras para la mayoría. Sólo quienes cuentan con una amplia y entregada red familiar de apoyos pueden permitirse tomar esa decisión.

Pese a todo, están quienes prefieren sacrificar su vida laboral para dedicarse a crear una familia con todas las dificultades que ello implica, especialmente económicas. A esas mujeres que ceden su puesto de trabajo a otros para tener hijos y criarlos, y a aquéllas que no encuentran trabajo, se las ha dejado fuera de la ayuda del Gobierno. Una injusticia que debería explicarse y repararse de inmediato.