El presidente Aznar ha querido dejar atrás la imagen de falta de
iniciativas que se ganó a raíz de la crisis dePrestige y ha
decidido emprender una «catarata» de medidas encaminadas a
recuperar el pulso de la nación. Ayer anunció que una futura ley
dejará «bien sentado y claro» que las pensiones no contributivas
-aquellas que perciben quienes no han cotizado el tiempo
suficiente- serán «las mismas para todos los españoles», evitando
así «privilegios o diferencias» entre comunidades autónomas. Aznar
planta así cara a las autonomías gobernadas por partidos de
izquierdas que mejoraron esas pensiones en contra la voluntad del
Gobierno.
Realmente, hablar de privilegios cuando se trata de pensiones no
contributivas es poco adecuado. Si algunas autonomías -entre ellas
Balears- decidieron aumentar las pensiones no contributivas era
porque resultaban del todo insuficientes. Y cabe recordar que el
Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Junta de Andalucía,
que fue la primera autonomía que aplicó esta medida.
Aclarado este punto, es de cajón que no deben existir agravios
entre ciudadanos de un mismo país, pero si los ha habido la
culpable ha sido la Administración central, a la que ha faltado
sensibilidad para con los ciudadanos menos favorecidos. Si ahora se
van a mejorar esas pensiones para todos, se habrá llegado tarde
pero se habrá corregido un error.
Luego está el asunto del cómputo -en la actualidad se tienen en
cuenta los últimos quince años- a la hora de calcular la cuantía de
una pensión. El Gobierno quiere reparar otra injusticia que dejaba
desamparados a aquellos españoles que habiendo trabajado durante
muchos años no lo hacían en los años previos a la jubilación y no
tenían derecho a una pensión. Es una iniciativa realmente acertada.
De todos modos, habrá que estudiar la propuesta del Gobierno para
que nadie salga perdiendo.
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