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A pesar de que Gobierno y oposición anunciaron en su día un consenso total en cuanto a la necesidad de reformar la Justicia española, invariablemente ésta vuelve a la actualidad informativa. Y no precisamente por sus logros, aunque también los haya, sino más bien por el talante polémico de muchas de sus decisiones.

Ayer saltaba a la palestra la decisión de archivar la investigación del «caso Ercros», que ha tomado la juez instructora en Barcelona al verse «obligada» tras la actitud pasiva sobre el asunto que ha tomado el Tribunal Supremo. Un final bochornoso para un caso que merecía ser esclarecido, pero que como afecta a todo un ministro, Josep Piqué, que está a punto de emprender su campaña para las autonómicas catalanas, ha quedado en agua de borrajas.

Una lástima, más si pensamos que el propio Piqué se mostró siempre dispuesto a declarar ante la Justicia para esclarecer si durante su gestión como ejecutivo de la empresa hubo o no irregularidades.

Una situación que desvela una verdad incontestable y trágica, que en España no todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, como sacraliza nuestra Constitución y el mismísimo Estado de Derecho.

Pero no ha sido la única situación rara en las últimas horas en el ámbito de la Justicia, pues la excarcelación en tercer grado de dos etarras ha devuelto a la actualidad un asunto más que polémico: los beneficios penitenciarios para los terroristas. Si bien es cierto que la juez ha aplicado la legislación vigente, como es su deber, también es verdad que criminales con sangre en sus manos -como expresó la Junta de Tratamiento- deben tratarse con cierto tiento aunque hayan cumplido tres cuartas partes de su condena.