El presidente del Gobierno afirmó ayer, durante la Pascua
Militar, que la ofensiva contra el terrorismo y la delincuencia se
va a llevar adelante aunque no exista consenso.
Cada vez existe una mayor sensación de inseguridad y es preciso
que se adopten las medidas necesarias para poner coto a los
comportamientos delictivos. Y es, además, fundamental que las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con los medios
legales y policiales suficientes para hacer frente a la barbarie
del terror.
Ciertamente, no es lógico ni razonable que los reincidentes
entren y salgan de las comisarías y prisiones constantemente y que
vuelvan a cometer todo tipo de tropelías. En este sentido, hay que
agilizar la maquinaria judicial para lograr que comparezcan
rápidamente ante los jueces los acusados de delitos que provocan
mayor alarma social y, sobre todo, los reincidentes. Pero siempre
con dos salvedades: respetando siempre todas las garantías
procesales y sin olvidar que deben arbitrarse los mecanismos
precisos para ayudar a los que muestren su deseo de rehabilitarse
de una manera fehaciente y clara.
Nadie puede pretender que se vuelva a instaurar la cadena
perpetua, pero cabe subrayar los aspectos positivos de la
iniciativa del Gobierno tendente a ampliar hasta 40 los años de
privación de libertad para los condenados por delitos de
terrorismo. Sólo aquellos que demuestren su arrepentimiento y
colaboren activamente en la lucha contra el terrorismo podrán tener
derecho a reducciones de pena.
Estando de acuerdo con las líneas básica de la reforma, lo que
inquieta es el actual talante de Aznar, que lejos de esforzarse por
lograr consensuar las nuevas medidas con el resto de las fuerzas
políticas, parece dispuesto a utilizar el rodillo parlamentario, el
mismo rodillo que, en su día, criticó al Gobierno de Felipe
González.
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