A estas alturas es evidente que en lo que concierne a la catástrofe originada por el «Prestige», el Gobierno carece por completo de autoridad moral para exigir dimisiones en el campo de la oposición cuando en realidad debieran haberse producido ya hace tiempo en su propio seno. Pero ello no quiere decir que la actitud del portavoz socialista, Jesús Caldera, quien en el pleno del pasado día 17 exhibió parcialmente y conforme a sus intereses tan sólo fragmentos de un documento elaborado por Salvamento y Seguridad Marítima, resulte disculpable. Caldera pecó de lo que en tantas ocasiones acusan los políticos a los medios informativos, es decir, de presentar de forma sesgada una información y de ese tan manido «entresacar palabras fuera de contexto». El respeto que un diputado debe, no sólo a la Cámara a la que se dirige sino a la opinión pública, fue dejado de lado por un Caldera cuyo proceder es censurable. Es por ello que sus explicaciones posteriores, admitiendo su «error» y aduciendo que éste consistió en no contar con las «malas artes» del Partido Popular, no resultan ni convincentes ni, consecuentemente, aceptables. Verdaderamente, el diputado socialista estaba obligado a ser mucho más cuidadoso -por emplear un término suave- al abordar un asunto de tanta gravedad y que tanto ha sensibilizado a los ciudadanos de este país. Es un secreto a voces que incluso desde las filas del PSOE la manipulación de Caldera ha merecido severas, y justificadas, críticas. Y en este sentido es de esperar que, cuando la amenaza que supone el vertido de fuel del «Prestige» deje de ser la cuestión de capital importancia, desde su propio partido se tomen algunas medidas que sancionen su conducta. Es más que probable que muchos españoles vean entonces con agrado su dimisión, así como la de todos aquellos que desde el Gobierno central y el gallego han actuado en este asunto con punible irresponsabilidad.