El Gobierno ha decidido, a través del Ministerio de Justicia,
evaluar el desarrollo del trabajo en los juzgados de Eivissa y
Palma para acotar en qué términos debe desarrollarse el Plan para
la Implantación de los Juicios Rápidos, una ambiciosa iniciativa
que debería aligerar la presión de casos que llegan a los juzgados
al preveer su resolución en un plazo de entre 72 horas y quince
días.
El proyecto es interesante y el que se estudie la evolución de
juzgados tan sobrecargados como los mencionados supone la
constatación por parte del Ejecutivo de una problemática que ya se
arrastra desde hace demasiado tiempo.
Pero también hay que llamar a las cosas por su nombre y los
juicios rápidos no serán la panacea prevista si no se tienen en
cuenta otros factores, uno de los cuales, si no el más importante,
es la dotación de medios a las instituciones que deben
desarrollarlos.
La falta de espacio en los juzgados de Eivissa ya ha adquirido
los visos de ser un mal endémico de difícil solución. El
desplazamiento del Juzgado de lo Social a la calle Gaspar Puig y la
habilitación de los bajos del edificio judicial para acoger al
Juzgado de Instrucción número 7 así lo demuestra.
Pero otras cuestiones pueden entorpecer también la puesta en
marcha de la iniciativa. Entre ellas se encuentra la del tiempo.
Actualmente, las guardias de los juzgados son, precisamente, de 72
horas y, en los meses de verano, son muchos los días en los que la
puesta a disposición judicial de numerosos delincuentes impiden de
hecho el que se pueda dedicar tiempo a cuestiones como celebrar
juicios.
Como siempre habrá que esperar, aunque con la esperanza de que
en esta ocasión se ponga el remedio antes de que la implantación
del proyecto en 2003 lleve directamente hacia otro callejón sin
salida.
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