Los hechos que se han estado sucediendo en el Parque Natural de ses Salines desde el pasado jueves cuando una empresa, sin permiso de explotación de la actividad, comenzó a cobrar cinco euros a cada vehículo por aparcar en la zona y la posterior cancelación de la actividad, 24 horas más tarde, por parte del Ayuntamiento de Sant Josep son una muestra más de la situación de indefensión en que se encuentra, en teoría, una de las zonas más protegidas de la isla. Sin entrar a valorar la actividad explotadora de la empresa, que nos daría para otro artículo, lo que si resulta deleznable es el destrozo que se ha causado en este zona: aplanamiento del terreno, destrozos de matorral, utilización de grava y hormigón, etc. Todo ello aderezado de carteles donde se advierte al turista de que se encuentra en un área protegida y se le invita a cuidarla. Lo peor es que estos hechos cuentan con un antecedente cercano, la tala de sabinas en un terreno contiguo, que se saldó con una millonaria multa por delito ecológico al propietario de la extensión, antecedente que por lo visto no ha conseguido aplacar las ansias de algunas personas de hacer un negocio fácil e ilegal. ¿Y cómo han actuado nuestras autoridades en todo este asunto? Pues mal, fatal. Ni Govern ni la dirección del Parque Natural, que no ha dado la cara en ningún momento, han actuado con contundencia, es más se han lavado las manos y con un desconocimiento total de la situación y un pasotismo indigno de una conselleria dirigida por la ecologista Margalida Rosselló han pasado la patata caliente a otros, como el Ayuntamiento de Sant Josep. Institución ésta, por otra parte, que seguramente sabiendo el negocio que se estaba gestando en el parque no actuó hasta que los usuarios de la playa y los periódicos locales lo denunciaron a los cuatro vientos.