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Presenciar cómo un alcalde tiene que comparecer ante un juez no es, evidentemente, una de las imágenes más reconfortantes para un ciudadano, a quien se pide que confíe en aquellos a los que elige para representarle en los órganos creados para el bien común y que, por tanto, no espera que éstos tengan que acudir nunca en calidad de imputado ante un juez. Aunque el aparato judicial puesto en marcha por Esquerra Unida a raíz de la concesión de licencias en ses Torres está en los preliminares, puesto que muchas son las dudas y demasiado pocas las respuestas, parece ya claro que en Santa Eulària hay razones para que el urbanismo esté bajo sospecha. No es, además, el único caso entre cuyos desenlaces, de momento pero obligatoriamente, se ha de incluir lo peor, que es que afecten al equipo de gobierno.

Santa Eulària tiene paralizado su desarrollo urbanístico, una situación inaceptable e injusta para el que debe ser objeto de toda la atención: el ciudadano. Y es aquí donde la Justicia tiene un reto: ha de depurar, hasta que no quede ningún género de duda, qué pasó y a quién culpabilizar, en caso de que en realidad haya que hacerlo, porque, hoy por hoy, es precisamente el urbanismo la principal amenaza medioambiental en las Pitiüses. Acabe como acabe, una instrucción irregular puede ser una carta blanca para que se multipliquen los casos en los que el ordenamiento, garantía del orden y el control en los municipios, no sea más que un obstáculo que se pueda saltar a voluntad, una situación que nadie, ni siquiera la Justicia, tendría capacidad o deseo de frenar; de ahí, precisamente, la atención que este caso concentra y que exige de quien lo instruye, la juez Carmen Robles, sustituta de otra que tampoco es la titular del juzgado número 4 de instrucción, un celo extremo y una profesionalidad incontestable. Es el caso que marcará la pauta.