Tras casi diez años de investigaciones judiciales, comenzó el
primero de los juicios que se celebrarán por el denominado «caso
KIO». Casi no es necesario recordar aquí que una justicia tardía
raramente puede ser una justicia ecuánime y eficaz, por lo que las
perspectivas que la apertura del proceso han despertado no son en
este momento halagüeñas.
Aún admitiendo la complejidad del caso, y el hecho de que el
asunto se ha desglosado en cuatro procesos distintos "el ahora en
curso, Wardbase, el que entenderá los presuntos delitos cometidos
en la venta de las papeleras Icsa, Impacsa, las sociedades
Pincinco, Oaktom, y finalmente la sociedad Quail" diez años son
demasiados como para que ahora la opinión pública española esté
pendiente de una cuestión que en su momento estuvo en portada de
diarios e informativos.
El caso de Kuwait Investment Office (KIO) y la persona de su
hombre fuerte en España, Javier de la Rosa, son característicos de
un hacer financiero que en los 90 era muy frecuente, aunque desde
un punto de vista de escrupulosidad financiera nunca fue
recomendable. De la mano de un De la Rosa siempre turbio, la
agencia que gestionaba las inversiones kuwaitíes en nuestro país se
convirtió en una especie de coartada para todo tipo de maniobras
discutibles. Negocios ficticios, documentos etéreos, fantasmales
movimientos de capital, de todo ello y más hubo en el entorno de
KIO. Ahora, la Audiencia Nacional tiene la palabra "por cierto que
el fiscal pide penas conforme al antiguo Código Penal, en vigor en
el momento de los hechos, y también conforme al nuevo, para que
después se aplique el más favorable a los acusados", por más que,
insistimos, la justicia llega en esta ocasión exageradamente tarde.
Aún así es de esperar que se llegue realmente a la raíz misma de
los hechos y que, aunque tarde, se depuren las correspondientes
responsabilidades.
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