El alcalde de Ponferrada, del PP, ha sido finalmente condenado a
pagar una multa y una indemnización al ser considerado culpable de
acoso sexual contra la concejal Nevenka Fernández, del mismo
partido, que le denunció provocando un escándalo de proporciones
nacionales.
El caso desató si cabe más polémica por las penosas afirmaciones
del fiscal jefe del tribunal, que convirtió de la noche a la mañana
a la víctima en acusada "quedó relevado del caso a consecuencia de
su lamentable actuación", aunque por fortuna finalmente se ha
impuesto la cordura y el juicio se ha centrado en verificar un
acoso sexual siempre difícilmente demostrable, al basarse
exclusivamente, en muchos casos, en los testimonios personales de
los testigos.
Y ahí precisamente es donde se ubican todas las dudas que ha
despertado este caso, cuya sentencia ha sido pionera en nuestro
país, aunque con el voto particular de uno de los jueces, al
considerar débiles las pruebas.
Es probable que muchos ciudadanos "varones" coincidirán con él
al preguntarse qué seguridad tienen ahora en el caso de que una
mujer que trabaje bajo su autoridad quiera comprometer su
honorabilidad acusándoles de acoso únicamente con su propio
testimonio.
Quien haya visto a la joven Nevenka acudir a ese largo juicio,
perdiendo a su paso la salud "su peso bajó drásticamente y los
médicos le diagnosticaron una severa depresión" se habrá dado
cuenta de que difícilmente alguien sería capaz de someterse a esa
tortura psicológica sólo para perjudicar a otro, especialmente
cuando ha sido analizada infinidad de veces por psicólogos y
psiquiatras que trataban de sorprenderle en una contradicción que
desmontara su versión de los hechos, sin conseguirlo.
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