Aplicar la ley en Sant Antoni

La Junta Local de Seguridad de Sant Antoni, en la que participan las fuerzas de seguridad de las Pitiüses, la Dirección Insular del Estado y el propio Ayuntamiento, empieza a hacer sus primeros movimientos con el inicio de la tramitación de expulsión de inmigrantes ilegales de la localidad. Sant Antoni es el municipio de las Pitiüses donde se concentra parte importante de la delincuencia que padece la isla debido en parte a la proliferación de grupos ingleses, senegaleses y colombianos que manejan el tráfico de drogas y que, por ello, merece una especial atención por parte de los responsables de las fuerzas de seguridad. El pasado año, la propia directora insular, Marienna Sánchez-Jáuregui, reconoció que las medidas aplicadas en este municipio se habían quedado cortas y que había que replantearse el plan de operatividad en este lugar. En principio, y a tenor de estos primeras expulsiones, parece que los cuerpos policiales se han aplicado en este sentido y han decidido trabajar coordinadas para que no se repitan los sucesos de años anteriores. La tarea no es fácil, porque se trata de un lugar donde en verano la población se multiplica y donde el control es difícil. Además, Sant Antoni cuenta con el inconveniente de todo lo que se mueve alrededor de los cientos de centros lúdicos, a caballo de los dos municipios a quien corresponde la bahía. Por eso es importante apostar por la coordinación entre las fuerzas y por el aumento del número de efectivos policiales, algo de lo que adolecen todos los municipios pitiusos, además de hacer uso de la inteligencia y la imaginación, como principal arma. Nada debe desbordarse en Sant Antoni, porque, se quiera o no, es parte importante de nuestra imagen y porque cualquier error en un territorio como el nuestro puede acabar afectando al resto. No es el momento de montajes, sino de trabajar.