La campaña electoral que llevó a Jesús Gil a la Alcaldía de
Marbella en 1991 se basaba en la promesa de «limpiar» la localidad
malagueña de la «plaga» de delincuentes que la acechaban, como
destino turístico de altos vuelos. Hoy, once años después, todavía
se registran seriales de aquella famosa «cultura del pelotazo» que
tanto se puso de moda en los ochenta. La Justicia envía a la cárcel
al polémico alcalde y empresario, por delitos de falsedad y
malversación que le permitieron incrementar su ya amplio patrimonio
en más de cuatro mil millones de pesetas.
Una vez más, cuando todos los ciudadanos empezamos a pensar en
la declaración de la renta que ya está a las puertas, las noticias
nos hablan de los que realmente tienen dinero, y mucho, y de los
grotescos tejemanejes que llevan a cabo para eludir la
legalidad.
El abogado de Gil habla de una «guerra a muerte» entre su
cliente y la Fiscalía Anticorrupción, algo lógico si tenemos en
cuenta los cargos de que se le acusan. Aunque tampoco es una
situación nueva para el empresario, pues ya hace más de treinta
años, en 1969, pisó una prisión por primera vez, tras la muerte de
58 personas en el derrumbe de un edificio que él había construido.
Un indulto del mismísimo Franco le liberó poco después, pero en
1999 volvía a la cárcel por el célebre «caso camisetas».
Lo triste de todo este asunto, al margen de la situación
personal de este individuo, es que, ante los ojos de la opinión
pública, se extiende la sensación de que en este país todo el que
puede comete cuantos delitos de guante blanco se le antojan con tal
de acaparar miles de millones. Desde políticos a banqueros, las
primeras páginas de los diarios españoles no han dejado de engrosar
la larga lista de los aficionados al «pelotazo».
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