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Un juzgado de Palma ha admitido la petición de la Asociación de Hoteleros de la Platja de Palma para personarse como acusación contra un conocido delincuente habitual. Por primera vez, un juez ha reconocido el derecho a personarse en los juicios contra individuos cuya actuación delictiva «causa alarma social». Si repasamos las estadísticas de los delitos cometidos en la Platja de Palma, resulta sobradamente lógica la preocupación no ya sólo de los hoteleros, sino de cualquier ciudadano que viva o trabaje en aquel entorno.

Ahora bien, el hecho de llegar al punto de solicitar personarse como acusación particular en estos casos de reincidencia pone en evidencia que algo muy relevante está fallando en el sistema judicial. No es lógico ni razonable que los mismos individuos sigan campando a sus anchas después de haber sido puestos a disposición de la Justicia una y otra vez. E, incluso, en ocasiones, por los mismos hechos delictivos. Es evidente que, en estos casos, es imprescindible que se ponga coto a los desmanes de los delincuentes y que éstos no puedan volver a actuar. Pero para eso es preciso que exista un marco legal que contemple las medidas oportunas para que no se den las penosas circunstancias actuales. No es labor de los ciudadanos, ni siquiera de las asociaciones, ya sean empresariales o de vecinos, tener que plantarse delante de los tribunales para defenderse de los que actúan fuera de la ley. Son el ministerio fiscal y los jueces los que deben actuar para apartar de la circulación a los que reiteradamente se saltan todas las leyes.

Los contribuyentes deben confiar en que sus instituciones controlen el orden público y no permitan en absoluto que quien comete un delito pueda, al cabo de poco tiempo, volver a cometer otro y así sucesivamente.