Demasiadas dudas han surgido tras conocerse las cifras con las que
el Ib-Salut piensa gestionar el área de Eivissa y Formentera. Según
informó el pasado martes la consellera responsable, Aina Salom, las
Pitiüses trabajarán con 42 millones de euros, un incremento en un
año de un 10'7 por ciento del presupuesto del año anterior. Las
cifras, sin embargo, no son suficientemente claras puesto que,
recordemos, este año han cambiado los parámetros en los que la
sanidad pública se tiene que desarrollar.
Partidismos aparte, aún no puede asegurarse que el incremento
establecido sobre la cantidad con la que el Insalud gestionaba hace
un año la sanidad pública de las Pitiüses pueda suponer una mejora
sustancial de la asistencia porque, por ejemplo, parte de estos
recursos se utilizarán para cubrir capítulos que con anterioridad
se asumían por los servicios comunes de la sanidad estatal.
Consideraciones aparte, hemos comenzado una nueva era con la
esperanza de superar con holgura las trabas que la centralización
ponía para una mejora cualitativa de los servicios sanitarios, pero
existe una gran desorientación sobre hasta dónde podemos llegar con
las nuevas fórmulas de gestión.
Es cierto que no han pasado ni cien días desde que la Comunitat
Autònoma balear asumió las nuevas competencias, las más importantes
de cuantas ha recibido hasta el momento porque son las que dan de
manera más exacta el nivel de calidad de vida que tenemos y el que
aspiramos a conseguir, pero las intenciones iniciales de los nuevos
responsables parecen haberse parado en seco a la hora de hacer
números. Hoy por hoy no son sólo Els Verds los que piensan que se
ha cometido un agravio comparativo a la hora de afrontar nuevos
retos y destinar para ellos los recursos necesarios. Estamos en un
momento fundamental; el sistema que establezcamos marcará para
siempre la nueva sanidad pública, y eso es lo más importante.
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