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El ciudadano que, por desgracia, tiene que vérselas con la Justicia en este país suele quedar escarmentado de por vida. La lentitud, la carestía, la falta de agilidad son sólo algunos de los seculares problemas que aquejan a este dinosaurio gigantesco. Ayer todos los grupos políticos del arco parlamentario firmaron la Carta de Derechos del Ciudadano, que intentará poner coto a los déficits del sistema judicial español para beneficiar directamente a los ciudadanos. Para elaborarla, por una vez, se ha contado con los sectores implicados, desde procuradores a abogados, pasando por sindicatos y asociaciones profesionales que pudieran aportar su valiosa visión de la situación.

El hándicap en estas cuestiones suele ser que es fácil proponer soluciones a los problemas y, en cambio, resulta difícil ponerlas en práctica por falta de medios. Los políticos aseguran que sí, que garantizan que todos los compromisos adquiridos serán cumplidos para conseguir algo jamás logrado: una justicia moderna, ágil y eficaz.

El texto reconoce más de cuarenta derechos del ciudadano que no siempre se cumplen, especialmente porque para ello serían necesarios muchos más medios de los que el sistema dispone. Si miramos, por ejemplo, al apartado que establece que los ciudadanos podrán expresarse ante los órganos judiciales en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, tendremos que hablar de la contratación de suficientes intérpretes o traductores, como ocurre en el caso de los discapacitados sordos o mudos.

Al final todo confluye en la misma y única idea: dotar de medios a la justicia, igual que a la sanidad o a la educación. Sólo con ello se resolvería la mayoría de los problemas que aquejan a estos sectores clave de la sociedad.