El caso del adolescente marroquí al que se le negó la entrada en el
centro de menores del Consell Insular el pasado 7 de enero y que
fue denunciado en los juzgados por CC OO ha puesto una vez más de
manifiesto la escasa preparación de nuestras instituciones para
afrontar el problema de la inmigración, una cuestión que ha
desbordado todas las previsiones tanto en España como en Balears,
que hay que recordar es una de las comunidades que cuenta con uno
de los mayores porcentaje de inmigrantes de todo el Estado.
La historia de este joven magrebí que llegó a Eivissa solo
procedente de Alemania y sin equipaje es la historia de muchos
millones de inmigrantes que deambulan por Europa con la única y
legítima intención de huir de su país para construirse una nueva
vida. En el caso que nos ocupa, la negativa en un primer momento
del director del centro de menores de no dejar entrar a un joven
del que se desconoce su edad es la negativa de una institución y de
una legislación que por desgracia marcha por detrás de los hechos
que se suceden día a día de manera vertiginosa.
«La primera medida es el acogimiento. No tenemos por qué llevar
a los niños a nuestras casas», denuncian con razón los sindicatos.
Con la ley en la mano, este muchacho tenía que haber sido acogido
nada más pisar el centro de menores. Es más, el espíritu de estas
iniciativas institucionales debe obligar a los responsables de las
mismas a cumplir con su objetivo: el de garantizar la acogida del
joven. Demostrar si una persona tiene 17 o 18 años tiene que ser
simplemente un trámite burocrático posterior y debe ser el trabajo
de otros estamentos, no del propio centro de acogida. Lo ocurrido
con este joven en Eivissa es el ejemplo de lo absurdo que resulta
aplicar una norma en un caso de extrema necesidad.
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