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Al Pacte de Progrés se le complican las cosas. En su decidida apuesta por competir con la política urbanística restrictiva del Consell Insular de Mallorca, el Govern parece haberse precipitado a la hora de promover su propia moratoria, pues no contaba con un detalle legal que se verá obligado a cumplimentar. Y para hacerlo necesita nada menos que la colaboración activa de Unió Mallorquina, que en estas cuestiones no parece estar muy por la labor.

Y es que una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio tiene que pasar por el Parlament y ahí es donde el Govern puede encontrarse con el talón de Aquiles de UM. El fondo del asunto es de la máxima importancia, pues estamos tratando el futuro de Balears, el modelo de Isla que queremos, el ritmo de crecimiento que podremos soportar y los sacrificios que estaremos dispuestos a realizar a cambio de restringir la construcción, la población y, consecuentemente, el actual boom económico.

No es algo baladí, está claro, pero los políticos suelen aprovechar estas cuestiones de calado social y económico para anotarse tantos a su favor, como si estuvieran en una carrera que quieren ganar a toda costa. Por eso choca la actitud del Govern, que ha querido competir con el Consell de Mallorca sin ni siquiera medir las consecuencias de sus decisiones. Pues, al parecer, ignora o bien hace caso omiso de un trámite parlamentario que es preciso superar.

La ciudadanía tiene clarísimo que este Archipiélago no da cabida a más bosques de grúas, que nuestros pequeños tesoros paisajísticos necesitan cierta protección, especialmente en la costa "aunque en la mayoría de los casos ya es demasiado tarde" y, por ende, exige seriedad, un proyecto concreto, consensuado por todos los partidos, con vocación de futuro. Y no la improvisación que nos ofrecen hoy.