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Moderadamente satisfecho se sentía ayer el conseller d'Economia i Hisenda, Joan Mesquida, tras conocer los términos en que se pactaba el nuevo modelo de financiación autonómica. Si la filosofía del acuerdo es establecer redes de solidaridad entre las diferentes comunidades y dar a cada una lo que necesita para mejorar su calidad de vida, a Balears no le toca demasiado. Con esa costumbre ancestral de medir la riqueza de un lugar en base a su renta per cápita a nuestro Archipiélago le colgaron hace ya muchos años el sanbenito de «comunidad rica» sólo porque aquí se genera muchísima riqueza que va a parar a unas poquísimas manos particulares. De ahí que el Estado se lleve para sí un buen pellizco de toda esa riqueza y, en contrapartida, nos devuelva apenas una propina para que no protestemos.

La solidaridad es necesaria, qué duda cabe, pero también lo es la justicia. En un país como el nuestro, vertebrado en torno a un montón de administraciones distintas, los gastos son elevadísimos para el contribuyente y los beneficios de toda esa disgregción, poco evidentes. Ningún ciudadano de estas Islas estará en contra de ayudar a levantar las economías de otras regiones menos favorecidas, pero nunca con el criterio de la limosna, del subsidio, al que tan acostumbrados nos tienen.

Aquí la gente trabaja mucho, muchísimo, para obtener a la postre salarios bajos y pensiones bajas. Y, encima, en el reparto desde el Estado, nos toca la cifra más pobre. El conseller está moderadamente satisfecho y probablemente así tengamos que estar todos porque, al fin y al cabo, hemos logrado mucho más de lo que teníamos. Pero quizá sea necesario cambiar esa mentalidad de «ricos» que se nos adjudica para plantear a las claras nuestras necesidades, que son muchas y que, de seguir así, nunca conseguiremos cubrir adecuadamente.