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Los dos grandes partidos políticos de nuestro país acaban de rubricar un ambicioso acuerdo que pretende sentar las bases para reformar de una vez por todas la Justicia en España. Se trata de un asunto pendiente desde hace décadas. La administración de justicia en nuestro país arrastra todos los defectos del mundo, en especial una secular lentitud propia de países atrasados que provoca año tras año un atasco monumental de expedientes que no hace sino crecer a medida que aumentan las demandas. Tanto es así que el último año se presentaron en los juzgados nada menos que seis millones de asuntos, lo que da una idea del ingente trabajo al que deben enfrentarse los profesionales de la judicatura.

Destaca de este acuerdo su voluntad de continuidad, puesto que al estar firmado por los dos grandes partidos, gobierne quien gobierne el pacto se mantendrá en pie, lo que ya es de agradecer.

Pero hay en este tema otro escenario que preocupa al ciudadano y es la excesiva politización de la Justicia, puesto que son los partidos quienes designan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el sistema será otro "la mayoría de sus miembros se elegirán en el Parlamento de la nación a propuesta de los propios jueces" y la decisión ha provocado, en términos generales, satisfacción tanto en ámbitos políticos como en judiciales, aunque haya también quien disienta, como Izquierda Unida, por considerar que la estrategia pactista del PSOE le acerca demasiado a la derecha. Sea como sea, lo cierto es que el sistema judicial de este país necesita un repaso a fondo, medidas urgentes, una abultada inyección de fondos y eso es mejor que lo hagan entre todos, sin frentismos. Sólo así se garantizará que las reformas lleguen a buen puerto, independientemente del color que tenga el Gobierno de turno.