Tras una temporada de relativa tranquilidad en el ámbito social,
el panorama se está tornando irrespirable en una fecha "14D" que
para todos tiene connotaciones huelguísticas. Parecía que la
bonanza económica de que goza nuestro país había logrado calmar los
ánimos a cambio de una mayor tasa de empleo para todos. Pero nada
más lejos. A las protestas convocadas por los sindicatos para
reclamar diálogo social se une hoy la huelga de funcionarios, en
demanda de una adecuación de sus sueldos a la realidad, tras una
década de sufrir la congelación dictada por el Gobierno, que una
vez más reclama moderación salarial para contener un IPC
incontenible.
Los sindicatos exigen que el buen momento económico se traduzca
en mejoras palpables para los trabajadores, mientras la patronal
pide a su vez una reducción del coste del despido para los nuevos
contratados y una rebaja de sus aportaciones a la Seguridad Social,
ya que ésta disfruta de superávit. El beneficio de todo ello sería,
eso dicen, un claro aumento de las contrataciones indefinidas que
ahora tienen un coste altísimo para el empresario. Por contra, los
sindicatos recuerdan que la precariedad laboral afecta a un tercio
de los empleados, exigen el fin de los contratos-basura, limitar la
temporalidad, reducir los riesgos laborales, aumentar la protección
social e incrementar pensiones y subidas salariales, para
adecuarlas al cuatro por ciento del IPC de este año.
La situación no es buena, todos lo sabemos. La mejoría económica
puede detenerse en cualquier momento, pues depende de demasiados
factores. Por eso conviene afianzar lo conseguido hasta ahora y,
sobre todo, anteponer cualquier decisión política sobre una reforma
laboral que nos afecta a todos al diálogo con todos los sectores
implicados, sin prisas y sin imposiciones.
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