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El conflicto generado por el incremento del precio de los carburantes continúa, aunque el Gobierno ha alcanzado algunos acuerdos con la organización de agricultores Asaja y con los pescadores. Sin embargo, los bloqueos a los camiones de reparto de combustible por parte de la organización agraria COAG, en la que se encuentra Unió de Pagesos, siguieron ayer hasta que intervinieron efectivos antidisturbios, algo que no fue preciso en Palma puesto que bastó la simple presencia policial para poner fin a una situación extremadamente grave.

Ahora, en la próxima semana, son los transportistas y los taxistas quienes tienen previsto movilizarse con el mismo motivo, aunque sería deseable que estas acciones no se tradujeran en situaciones inadmisibles y que se ejercieran siempre desde la legalidad.

Mientras tanto continúan las negociaciones del Gobierno con los diferentes sectores afectados, pero es preciso señalar que el Ejecutivo debió reaccionar mucho antes frente la tormenta que se avecinaba y que era ya, a todas luces, más que previsible. Y es que el incremento de los precios de los carburantes, especialmente para el sector pesquero, el agrario y el del transporte, ha sido espectacular, con lo que el crecimiento de sus costes se ha disparado por encima de lo mínimamente razonable.

Frente a estas circunstancias, es evidente que hay que adoptar medidas suficientes de compensación y evitar, además, que los precios de los mercados se disparen, lo que elevaría sin duda la inflación. Pero, naturalmente, es preciso que todas las partes, sectores afectados y Gobierno, adopten actitudes de diálogo y que intenten a toda costa evitar que la mayoría de los ciudadanos padezcan, una vez más, las consecuencias inevitables de ciertas acciones de protesta.