El conflicto generado por el incremento del precio de los
carburantes continúa, aunque el Gobierno ha alcanzado algunos
acuerdos con la organización de agricultores Asaja y con los
pescadores. Sin embargo, los bloqueos a los camiones de reparto de
combustible por parte de la organización agraria COAG, en la que se
encuentra Unió de Pagesos, siguieron ayer hasta que intervinieron
efectivos antidisturbios, algo que no fue preciso en Palma puesto
que bastó la simple presencia policial para poner fin a una
situación extremadamente grave.
Ahora, en la próxima semana, son los transportistas y los
taxistas quienes tienen previsto movilizarse con el mismo motivo,
aunque sería deseable que estas acciones no se tradujeran en
situaciones inadmisibles y que se ejercieran siempre desde la
legalidad.
Mientras tanto continúan las negociaciones del Gobierno con los
diferentes sectores afectados, pero es preciso señalar que el
Ejecutivo debió reaccionar mucho antes frente la tormenta que se
avecinaba y que era ya, a todas luces, más que previsible. Y es que
el incremento de los precios de los carburantes, especialmente para
el sector pesquero, el agrario y el del transporte, ha sido
espectacular, con lo que el crecimiento de sus costes se ha
disparado por encima de lo mínimamente razonable.
Frente a estas circunstancias, es evidente que hay que adoptar
medidas suficientes de compensación y evitar, además, que los
precios de los mercados se disparen, lo que elevaría sin duda la
inflación. Pero, naturalmente, es preciso que todas las partes,
sectores afectados y Gobierno, adopten actitudes de diálogo y que
intenten a toda costa evitar que la mayoría de los ciudadanos
padezcan, una vez más, las consecuencias inevitables de ciertas
acciones de protesta.
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