La moratoria, un pulso social

La moratoria aprobada por el pleno del Consell Insular pitiuso se ha convertido en el pulso más importante que el Pacte Progressista ha echado a una parte importante de la población, fundamentalmente promotores, empresarios relacionados con el sector de la construcción y propietarios de fincas, que ayer decidieron salir de su habitual anonimato para hacer patente su repulsa a una norma que les afecta y les llena de temor e indignación. El conseller Josep Marí Ribas fue el encargado de justificar la moratoria ante un auditorio dividido, en el que los que estaban en contra de la propuesta a aprobar eran mayoría. Marí Ribas lo hizo incidiendo constantemente en el hecho de que los efectos serán muy inferiores a los que teme tanto este grupo como el que ruidosamente colapsaba la entrada de la sede institucional, puesto que, como aseguró, incide sobre todo en «seis o siete urbanizaciones» que quedarán automáticamente paralizadas. Se olvidaba, sin embargo, de mencionar que la norma condiciona otros supuestos y multiplica por tres la superficie mínima para poder edificar en las ARIP, áreas rurales de interés paisajístico protegidas por la Ley de Espacios Naturales. Era ésta la razón que había llevado hasta la sede del Consell a más de doscientas personas, que temen la devaluación de sus negocios y sus propiedades. A pesar de todo esto, y aunque para el PP son aún demasiado drásticas y para Els Verds demasiado tenues, en el pleno quedó claro por un lado que las medidas podrían haber sido más restrictivas, y, por otro que se hace necesario racionalizar el desarrollo urbanístico de la isla, algo en el que todos estuvieron de acuerdo. Y era en este punto sobre el que hubiera valido la pena hacer el esfuerzo de encontrar un tipo de medidas de total consenso en el que no hubiera un enfrentamiento como el que se vio ayer.