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La decisión de posponer en Eivissa y Formentera un sistema de inspección de trabajo en la futura estructura de control laboral saca a la luz un agravio comparativo que no tiene razón de ser, por más que los responsables autonómicos y ministeriales hayan decidido que conste en el convenio firmado el pasado jueves en Madrid entre el ministro Juan Carlos Aparicio y el conseller Eberhard Grosske como medida a adoptar. Grosske explicó ayer en Palma los pormenores del acuerdo y su progresión posterior. La clave que justifica la rúbrica del convenio se basa en adaptar el actual sistema de inspecciones a la peculiar estructura laboral de las Islas, lo que debe favorecer la adaptación de la metodología de trabajo a esta realidad a través de una comisión territorial.

Menorca, por contra, sí dispondrá de su propio equipo, formado por un inspector y un subinspector. El Govern defiende, con acertado criterio, que la configuración empresarial de una industria dedicada en su mayor parte al sector turístico favorece en mayor medida una serie de abusos, no suficientemente tenidos en cuenta por la estructura general del Estado. La contratación fraudulenta y la siniestralidad laboral merecen en las Islas una consideración evidentemente distinta a la que requieren en comunidades como las de Madrid o Andalucía.

Por ello, resulta lógico "y así lo ha entendido también el Gobierno central" que se decida en la propia Balears su modelo inspector. Sin embargo, por la misma razón, es evidente que las Pitiüses quedan ilógicamente marginadas: el ritmo de la economía interior es más alto que el del resto de la Comunitat Autònoma y esto multiplica los problemas antes mencionados. Se evidencia, también, un movimiento quizás injustificado de trabajadores, bajo el que pueden esconderse, precisamente, las causas que justifican una inspección de trabajo permanente.