La noticia de que barcos de la Armada Española han destrozado de
nuevo redes de pesca de Formentera supone repetir una situación
ilógica producida hace tres años que acabó con compensaciones
económicas tardías e insuficientes, según denuncian los pescadores
de la isla. Es tropezar dos veces en la misma piedra, con el
agravante de que los que todavía practican uno de los oficios
tradicionales más sacrificados acaban de sufrir también pérdidas
importantes provocadas por los remolcadores de los atuneros.
Cuando las pérdidas se acumulan "y, para más gravedad, en un
cortísimo intervalo de tiempo" el sector tiene toda la razón para
sentirse desprotegido cuando hasta la Marina, que se supone que
tiene un control minucioso en todos sus movimientos, se lleva por
delante las artes de los pescadores durante sus maniobras. Las
administraciones competentes, sin embargo, no parecen tener mucho
que decir, mientras la Cofradía de la isla trata de conseguir la
tutela de alguna de ellas.
La situación no es nueva, aunque sí preocupante. No existe una
verdadera vigilancia de las zonas de pesca, como demuestra el hecho
de que las denuncias por los desperfectos sufridos por los barcos
de Formentera no han tenido aún una respuesta suficientemente
satisfactoria y tranquilizadora por parte de quien debe garantizar
el cumplimiento las normativas en vigor. Las artes han sido rotas
con frecuencia sin que haya cambios significativos en la situación.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado que habrá sanciones para
los que no hayan respetado los lugares de pesca y hayan producido
roturas, pero continúa sin hablarse de vigilancia o control
efectivo. Por eso, los pescadores tienen la impresión de que en su
sector no se previenen las cosas; sólo se arreglan. Y con
razón.
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