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El presidente andaluz Manuel Chaves ha vuelto a sorprender a propios y extraños con una curiosa propuesta lanzada en su discurso de investidura como nuevo presidente autonómico. Se trata de reclamar a las empresas tabaqueras nada menos que 60.000 millones anuales para sufragar los enormes gastos que provoca en la sanidad pública andaluza el tratamiento de las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. Y añade que intentará lograr esta cifra por vía de la negociación y, de no conseguirlo, recurrirá a los tribunales. Al mismo tiempo "cosa que le honra" anunció la puesta en marcha de un plan a gran escala para prevenir el tabaquismo y facilitar el abandono de la dependencia.

Pese a que a primera vista la idea de Chaves pueda parecer justa, habría que ponerle muchos «peros» a la propuesta. Porque si las tabaqueras deben cargar con los costes que su producto genera en la sanidad pública, también los fabricantes de bebidas alcohólicas deberían costear los tratamientos a los afectados por su consumo y las marcas de coches los inmensos costos sanitarios de muchos accidentes de tráfico. Porque en todos esos casos el causante último de la pérdida de salud es la persona, que es quien toma la decisión en un momento dado de empezar a fumar, a beber en exceso o a conducir bajo los efectos del alcohol o de forma irresponsable.

Lo que debemos tener claro es que un sistema público sanitario está "precisamente es su razón de ser" para servir a todo el mundo, sin distinguir si su enfermedad procede de un virus o de una dependencia adquirida consciente o inconscientemente. Chaves lo sabe y hará bien en prevenir el consumo de tabaco y en fomentar el abandono de ese vicio. Lo demás se quedará, probablemente, en agua de borrajas.