Los empresarios hoteleros de Balears acaban de advertir al
Govern de Francesc Antich de que el proyecto de implantación de una
ecotasa para los turistas que nos visitan cada año es un error
político y rechazan de forma rotunda que el impuesto pueda cobrarse
a través de sus empresas. Probablemente tengan razón.
Y no porque sea un error pensar en recaudar dinero para proteger
nuestro valioso medio ambiente o para mejorar las infraestructuras
necesarias para sostener el negocio turístico en plena marcha, sino
porque el planteamiento elegido por el Govern para explicar su
proyecto no ha sido el más indicado y se está confirmando como un
camino plagado de obstáculos.
Quizá el error sea la génesis de este proyecto, basándose en
crear un nuevo impuesto aplicable a los visitantes en puertos y
aeropuertos, por ejemplo. El problema es que no se puede gravar con
ese impuesto sólo a los turistas y deberán abonarlo todos los
ciudadanos que cojan un barco o un avión, sean o no residentes.
Este sistema nos perjudica a todos.
La recaudación por vía hotelera choca con el rechazo de los
empresarios, que ya declaran un IVA turístico "que suma casi veinte
mil millones al año en Balears", pero que al ser un impuesto
estatal va a parar a las arcas de Madrid.
La solución perfecta consistiría en que ese dinero recaudado en
Balears revertiera en inversiones para las Islas. En esta línea se
mueve Unió Mallorquina, que ya ha expresado sus reservas respecto a
la ecotasa. Por otra parte, habría que buscar otra vía que obligue
al sector turístico a colaborar económicamente en la preservación
de nuestro medio ambiente, del que tanto se beneficia.
Al margen de ello, Antich y su equipo lo tienen difícil y, si
todo sigue por la misma senda, lo más probable es que se vean
obligados a renunciar a un proyecto tan confuso como inviable.
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