Mientras en la mayoría de países europeos la siniestralidad en las carreteras desciende, en líneas generales, desde hace tiempo de forma ostensible, en España se ha cerrado el 99 con el aterrador saldo de 4.280 personas muertas en accidentes de tráfico. En algunos lugares, y concretamente en Balears, las víctimas han aumentado de forma preocupante, sin que desde medios oficiales se den más explicaciones que las de siempre: imprudencia, falta de respeto a las normas de circulación, elevado consumo de alcohol - por cierto qué escasa repercusión en la estadística han tenido las disposiciones más restrictivas al respecto, contrariamente a lo que se había vaticinado - exceso de velocidad, etc., etc., etc. Todo el mundo coincide en que esta serie de factores incide en la mayor siniestralidad. Ahora bien, casi todo el mundo está igualmente de acuerdo -excepción hecha de las autoridades que entienden en la cuestión- en que el alarmante aumento en el número de accidentes no se debe sólo a dichas causas, sino a fallos imputables precisamente a quienes tienen a su cargo la organización y control del tráfico. Es evidente, por ejemplo, que la mayoría de las medidas adoptadas por el Gobierno a través de la DGT se han revelado como ineficaces a la hora de provocar una disminución de la siniestralidad, como lamentablemente deja claro la estadística. Quizás porque, como ya se ha dicho, son medidas de carácter muy general que no responden a las circunstancias concretas que reiteradamente -«puntos negros», firmes en deficiente estado, señalizaciones no siempre oportunas- dan lugar a los temidos accidentes. En cualquier caso, lo que está claro es que el conductor español no es necesariamente más imprudente, más alocado, o menos respetuoso con las normas de tráfico que el europeo. Por lo que conviene empezar a pensar en la posibilidad de que más allá de nuestras fronteras se hagan las cosas mejor.
Editorial
Muerte en la carretera
09/01/00 0:00
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