La anunciada reforma del IRPF por parte del Gobierno, que
aseguraba que los españoles íbamos a pagar menos impuestos que
nunca, está empezando a dar serios problemas. La regularización de
las retenciones del impuesto sobre la renta en las nóminas de los
trabajadores recae ahora como una losa de responsabilidad sobre las
empresas, que se han visto incrementarse su papel de recaudadoras
de impuestos.
El caso es que si hasta ahora desde el primero de enero se
retenía un tanto por ciento fijo de IRPF a cada trabajador y el
porcentaje lo fijaba el Ministerio de Hacienda, ahora son las
empresas quienes deben establecer cuál debe ser ese porcentaje y
cómo variarlo mes a mes en función de las oscilaciones del salario
del empleado "teniendo en cuenta las horas extras, los pluses o las
dietas que incrementan a veces los suelos". Así se da el caso de
que un mismo trabajador recibirá nóminas distintas de mes en mes y,
naturalmente, las quejas irán dirigidas a la empresa, que es otra
víctima de este enredo, y que en ocasiones se verá obligada a
retener hasta un 48% del salario en concepto de impuesto sobre la
renta. Una barbaridad que no hará más que aumentar la sensación de
que cada día pagamos más impuestos.
Pero no acaba ahí el disparate ideado por el Ministerio, ya que
tras el anuncio a bombo y platillo de que los trabajadores que
perciban menos de tres millones de pesetas al año no estarán
obligados a declarar se esconde un gato encerrado. Ocurre que
muchos de esos empleados tendrían derecho a devolución en su
declaración de Hacienda y quizá pierdan ese derecho si no declaran.
Contra eso, lo único que se puede hacer es acudir con celebridad a
la Delegación de Hacienda y verificar si se tiene o no derecho a
devolución. Si no lo hacen antes de que acabe este mes perderán la
devolución.
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