El coste de la insularidad, otra vez

Aunque estamos acostumbrados, ha vuelto a desatarse un nuevo episodio de discriminación hacia los ciudadanos de las Islas. Y esta vez el Govern ha decidido tomar cartas en el asunto. Una actitud, sin duda, loable y valiente, aunque tal vez insuficiente. En esta ocasión se trata de los carburantes de tipo industrial que consumen preferentemente los agricultores y los barcos de pesca de Balears. Ocurre que el gasóleo se vende en la Península a una media de 21 pesetas el litro, mientras que nuestros pescadores deben pagarlo casi a 30 pesetas. Una diferencia superior a las ocho pesetas por litro que, contabilizando el consumo anual, se transforma en 125 millones de pesetas que los pescadores isleños pagan de más. No es para tomárselo a broma. Porque, entre otras cosas, este sobreprecio nos afecta a todos. No es difícil deducir que si a los hombres de mar les sale más caro sacar adelante su producción, ésta saldrá al mercado a un precio más elevado. El Govern, ante esta situación, ha puesto sus mecanismos en marcha para tratar de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. Si la negociación fracasa, no descarta llevarles ante el Tribunal de la Competencia bajo la acusación de actividades monopolistas. Aunque en este punto se ha quedado corto, porque sólo ha cuantificado el perjuicio al sector pesquero, cuando en realidad todos los ciudadanos sufrimos la misma discriminación en las gasolinas. ¿Por qué incluir en la denuncia sólo a unos pocos? El Govern debería haber estudiado el tema a fondo, haciendo un estudio serio de la discriminación que sufrimos todos.