Después de que Andalucía anunciara semanas atrás su intención de
incrementar las pensiones más bajas con la consiguiente indignación
del Gobierno central, el tema no ha hecho más que crecer y
multiplicarse con los anuncios de Balears y Catalunya en este mismo
sentido. Las críticas y los parabienes no cesan desde entonces de
surgir de aquí y de allá, esgrimiendo unos y otros mil razones en
contra y a favor de tal medida. El asunto no deja de ser peliagudo
porque las pensiones "aunque se trate de las no contributivas, que
precisamente ayudan a los ciudadanos más desfavorecidos" son uno de
los pilares sobre los que se sustenta nuestra sociedad.
Es un tema que, desde luego, hay que abordar, pero siempre con
la templanza y el sentido común por delante. No se puede
improvisar, prejuiciar o dogmatizar con algo así. De ahí las muchas
críticas que han recibido las propuestas de Andalucía, Balears y
Catalunya. Quizá la más dura sea la que proviene del Gobierno de
José María Aznar, que incluso ha recurrido ya ante el Tribunal
Constitucional la medida adoptada por la Junta andaluza. No le
falta razón al Ejecutivo de Madrid al decir que la subida de las
pensiones sólo en algunas comunidades supone un agravio comparativo
intolerable para las demás. Sin embargo, la respuesta lógica a este
argumento es que en vez de criticar la medida andaluza, lo que
debería hacer de inmediato es seguir su ejemplo y ordenar un
incremento general de las pensiones más bajas en todo el territorio
nacional, de forma que nadie se sintiera menospreciado.
Así lo estimó ayer el sindicato UGT que, con mucho acierto,
recordó que ahora la economía nacional está en un momento excelente
para afrontar esa subida generalizada de las pensiones más bajas,
que además calificó de «míseras», algo que no puede permitirse en
un país europeo y digno.
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